La Ley de Segunda Oportunidad y el concurso sin masa fueron concebidos para ofrecer una salida justa a quienes, por causas ajenas a su voluntad, han caído en una situación de insolvencia. Son mecanismos legales esenciales que permiten a muchas personas dejar atrás un pasado de deudas y comenzar de nuevo, libres de cargas que les impiden avanzar.
Sin embargo, cuando las herramientas legales se utilizan sin control ni criterio, pueden acabar generando el efecto contrario: inseguridad jurídica, colapso en los tribunales y desconfianza generalizada en el sistema.
Una vía para empezar de nuevo… si se actúa con honestidad
El concurso sin masa está diseñado para quienes no disponen de bienes con los que responder a sus deudas. Les permite tramitar un procedimiento concursal de forma ágil, sin necesidad de liquidar patrimonio. Y, si se cumplen los requisitos, acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho mediante la Ley de Segunda Oportunidad.
Es, en esencia, una herramienta de justicia social. Pero su correcto funcionamiento exige un compromiso claro con la buena fe, tanto por parte de los deudores como de los profesionales que los representan.
Cuando el sistema se convierte en negocio
En los últimos años hemos asistido a un preocupante fenómeno: el uso masivo e indiscriminado del concurso sin masa como “solución exprés” para todo tipo de deudas, sin el debido análisis de cada caso. Algunos despachos han convertido este proceso en un negocio automatizado, prometiendo cancelaciones de deuda sin explicar las obligaciones ni los límites que impone la ley.
Peor aún, en ocasiones se promueve el endeudamiento previo al procedimiento, generando una espiral de irresponsabilidad financiera que choca frontalmente con el espíritu del sistema.
Consecuencias del abuso: pérdida de confianza y colapso judicial
El impacto de estas prácticas va mucho más allá de lo ético. Los acreedores, en muchas ocasiones, no tienen posibilidad real de impugnar el proceso. La figura del Administrador Concursal no está prevista en estos procedimientos y, cuando se solicita su intervención, son los propios acreedores quienes deben asumir el coste. Esto deja a muchos en una situación de indefensión.
Por otro lado, los juzgados mercantiles se ven cada vez más saturados con procedimientos que, en muchos casos, carecen del fundamento necesario. Esto ralentiza otros procesos legítimos, incrementa el coste administrativo y pone en peligro la eficacia del sistema.
¿Qué se necesita para restaurar el equilibrio?
Desde Díaz Soneira, creemos que el equilibrio entre protección al deudor y seguridad para el acreedor es posible. Pero requiere una revisión profunda del sistema y el refuerzo de ciertos pilares clave:
- Compromiso con la buena fe: El deudor debe acreditar que ha actuado con honestidad. La exoneración de deudas no puede ser un premio al oportunismo.
- Mayor supervisión y control: Reintroducir mecanismos eficaces de revisión patrimonial, e incluso la figura del Administrador Concursal en casos donde existan indicios de fraude.
- Acceso real del acreedor al procedimiento: Permitir que pueda oponerse desde el inicio, sin barreras económicas o procesales que lo impidan.
- Fortalecimiento judicial y digitalización: Más medios para los juzgados, plazos claros y sistemas informáticos que agilicen el proceso sin perder garantías.
Segunda oportunidad, sí. Pero solo para quien la necesita de verdad
En Díaz Soneira seguimos defendiendo el espíritu con el que nació esta ley: dar un nuevo comienzo a quienes, tras intentarlo todo, no pueden hacer frente a sus deudas. Pero también creemos que ese alivio debe concederse solo a quien actúe con transparencia, respeto y responsabilidad.
Si atraviesas una situación de insolvencia y necesitas asesoramiento, contacta con nosotros y te ayudamos a explorar tus opciones con total honestidad. Evaluamos tu caso en profundidad, te informamos con claridad y te acompañamos en cada paso del proceso. Porque en los momentos difíciles, tener un despacho a tu lado que actúe con rigor y compromiso marca la diferencia.